Protección de datos a coste cero
Desde hace muchos años existen empresas que ofrecen servicios de consultoría en materia de protección de datos como «gratuitos», camuflados en forma de curso/s de formación que el cliente podrá bonificarse en los seguros sociales del siguiente mes. La primera tomadura de pelo en este tipo de actuaciones se centra en la definición del servicio como «gratuito». De gratis nada, puesto que la empresa externa cobrará el importe que corresponda, y el cliente se quedará sin ese saldo para la formación de sus trabajadores. Estas empresas te visitarán o llamarán conocedores del saldo de formación con el que cuentas. No deberían conocerlo, ya que la normativa establece que para consultar dicho saldo, debe contarse con el documento de Adhesión al Convenio firmado por los representantes de la empresa. Sin embargo, ¿creéis que una empresa que os incita a incurrir en prácticas fraudulentas se preocupará por ese pequeño detalle?, va a ser que no. Conocer el saldo de formación del cliente antes de dirigirse a él supone una gran ventaja a la hora de presupuestar. El motivo por el que dichas prácticas se consideran fraudulentas es simple, se utiliza un saldo cuyo destino debe ser la formación de los trabajadores para contratar servicios para la empresa.
La cantidad de artimañas utilizadas para convencer a los empresarios es interminable. Pueden llamarte desde el registro de cumplimiento normativo (registro inexistente) para informarte de tu incumplimiento con respecto a la protección de datos. Otras empresas simplemente te informarán sobre la obligatoriedad de contratar cursos de formación de protección de datos para el personal (lo cual es falso).
Cuando se contrata formación con este tipo de empresas, existe una alta probabilidad de que antes de que transcurran cuatro años recibamos una carta del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) conteniendo una comunicación de dicho organismo sobre la devolución de bonificaciones de cuotas indebidamente aplicadas en las cotizaciones a la Seguridad Social en materia de formación profesional para el empleo. Sólo el destino dirá si con suerte, solamente tendremos que devolver los importes bonificados, o además tendremos que abonar algún tipo de sanción. Lo barato en este caso saldrá muy caro, pudiéndose enfrentar a multas de más de 180.000 euros por fraude a la Seguridad Social, así como de la Agencia Tributaria.
Lo peor del coste cero cuando hablamos de servicios de adecuación a la normativa de protección de datos es que, ni siquiera lo obtenido a cambio justifica el riesgo. Dichas empresas te facilitarán algunos modelos de cláusulas y ya. La lógica empresarial nos dice que si fueran capaces de realizar un trabajo de calidad, deberían ser capaces de cobrar por ello sin tener que recurrir a este tipo de prácticas.
A lo largo de los años he redactado innumerables circulares a petición de asesorías, colectivos empresariales, etc., en un intento de dichas entidades por alertar ante todo este tipo de prácticas. En la mayoría de ocasiones son empresas del exterior que desde un call-center ubicado en la península realizan cientos de llamadas diarias a empresas y autónomos, consiguiendo que mediante la intimidación un número determinado de ellos acceda a la contratación. Sin embargo, jamás te visitarán y gestionarán el poco trabajo que realizan desde la distancia hasta que aparezcan los servicios de empleo. A partir de ahí estarás solo.